La reforma laboral lastra la renovación de 400 maestros de la concertada

La medida afecta a las contrataciones del profesorado de refuerzo y los centros exigen mejoras a la conselleria

  • Las Provincias
  • 11 Jul 2022
  • J. BATISTA

Los colegios concertados se han convertido en la diana de las políticas educativas en la Comunitat. Ahora, la reforma laboral pone en peligro la contratación del profesorado de refuerzo.

VALENCIA. La aplicación de la reforma laboral va a poner en una complicada tesitura a los colegios concertados a la hora de renovar los contratos del profesorado de refuerzo, que recalan en los centros a través de programas periódicos que impulsa la conselleria. La última convocatoria, correspondiente al curso que ya acaba, supuso una dotación de horas lectivas equivalente a unos 400 docentes.

Se trata de personal eventual que se suma a los profesionales de la plantilla ordinaria y que se centra en atender al alumnado que precisa de atención adicional, ya sea por necesidades específicas de apoyo o para mejorar su aprendizaje mediante programas específicos de refuerzo, como los PR4 de 4º de la ESO o los PMAR, que consisten en flexibilizar los contenidos para facilitar su avance escolar.

La modificación legislativa implica que este profesorado pueda tener la condición de eventual durante un máximo de un año, en lugar de los tres actuales. Y agotado ese periodo el contrato debe pasar a indefinido.

La clave está en que los programas de la administración que permiten su llegada a los centros son de carácter anual, y la dotación no sólo puede variar de un ejercicio a otro, sino incluso desaparecer si se reduce el alumnado objetivo o incluso por decisión de la propia administración.

Es decir, serían docentes cuyo salario ya no cubre la conselleria con fondos públicos, y si los centros no los pueden reubicar –algo probable al desaparecer la necesidad que cubrían– no tendrían más salida que prescindir de ellos, asumiendo la correspondiente indemnización, que con el paso de los años de contrato fijo sería cada vez más elevada.

«El problema es que la reforma no encaja bien con la especifidad del sector concertado», explica Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). «Hasta ahora a estos docentes los podíamos ir renovando durante tres años, algo que suele ser habitual por el beneficio pedagógico que da la máxima continuidad posible. El profesional interioriza las dinámicas del centro, se implica en el proyecto educativo y conoce a los alumnos y familias», añade.

«El temor está en que con la reforma se generalice la opción de cambiar de docente al cabo del año ante la incertidumbre de tener que pasar a un contrato fijo sin una garantía de que esas funciones se mantendrán a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estos programas cambian completamente a corto plazo?», se pregunta Villanueva.

A su juicio, hay dos soluciones que permitirían encajar la modificación legislativa con las necesidades de los centros. Por un lado el compromiso de que fuera la administración la que asumiera el coste de la indemnización en caso de despido tras el cese de funciones. «No es una cuestión de que los colegios quieran eludir responsabilidades en materia laboral, sino que supondría un coste propio que se sumaría a otros tantos que ya se asumen por el corto alcance del módulo de otros gastos del concierto», matiza, en referencia a que los fondos públicos que recibe la red llevan más de una década sin actualizarse.

La otra salida pasaría por una negociación de las plantillas, de manera que el profesorado de refuerzo formara parte de la estructura ordinaria de los centros, dando estabilidad a la relación laboral y dejando de depender de planes periódicos.

Cambio en el convenio

«Además de la cuestión pedagógica y económica la aplicación de la reforma consigue un efecto contrario: contribuye a precarizar el empleo si se pasa a contrataciones de un año, cambiando de profesional», dice Villanueva.

La situación podría haber sido más compleja, pues la modificación legislativa contemplaba que el periodo máximo para estos perfiles fuera de seis meses, salvo que se adoptara un acuerdo distinto a nivel sectorial.

Es lo que ha sucedido. Patronales y sindicatos impulsaron una modificación del convenio colectivo, efectiva desde el mes pasado, que ha permitido ampliar el periodo hasta un año, autorizando además que los contratos fijos discontinuos (los de estos profesionales) fueran también a tiempo parcial.

Las patronales piden que el personal de apoyo se integre en el concierto para no depender de programas anuales

«Además del perjuicio pedagógico se da un efecto contrario: se fomentan contratos más precarios», dice Alberto Villanueva

La justicia anula otro de los planes de Marzà por discriminar a la concertada

El TSJ obliga a incluir a los centros en las ayudas para aumentar la presencia femenina en los estudios de FP

  • Las Provincias
  • 28 Jun 2022
  • J. BATISTA

Mes y medio después de su dimisión como conseller de Educación, Vicent Marzà continúa acumulando reveses judiciales, otra vez por la discriminación de la enseñanza concertada.

VALENCIA. La justicia ha vuelto a enmendar las políticas de la Conselleria de Educación tras considerar que se ha discriminado a los colegios concertados valencianos, que fueron excluidos de las ayudas que persiguen incrementar la presencia de alumnas en estudios de FP en los que tradicionalmente la matrícula está copada por hombres.

El fallo, que es recurrible, implica que la administración debe permitir la participación de las estudiantes de las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos en las próximas convocatorias, y se deriva de una impugnación presentada por la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). Además se suma a otro pronunciamiento reciente, en la misma línea, referido a la exclusión de la red en la dotación de auxiliares de conversación en inglés que Educación limitó a los centros públicos a partir de 2016.

Alumnos de Formación Profesional.

Las ayudas se crearon en el curso 2009-2010, con el PP y sin distinciones de titularidad entre las beneficiarias, que podían disponer de hasta 600 euros para cubrir cualquier gasto relacionado con su formación, como desplazamientos o materiales. Empezaron con una sola familia profesional (Fabricación Mecánica), cuyos títulos tenían una presencia femenina muy minoritaria, ampliándose en los ejercicios sucesivos a más estudios hasta llegar a los 41 de la última convocatoria, la de 20202021.

En 2016 se produjo un punto de inflexión, pues la conselleria, ya con Compromís, cambió el ámbito de aplicación, limitando la concurrencia a las alumnas de los centros públicos. Tres años después la patronal de centros concertados decidió recurrir la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018-2019. El fallo, conocido la pasada semana, anula el alcance de las ayudas «por vulneración del derecho a la igualdad y prohibición de toda clase de discriminación».

La argumentación de la sala de lo contencioso se justifica en el principio de unidad de doctrina, en el sentido de que hace escasas semanas se conoció la sentencia referida a los auxiliares de inglés, también propiciada por un recurso de Feceval. De hecho los fundamentos a los que recurre el tribunal son calcados, y tienen mucho que ver con otra polémica derivada de las políticas del Botánico: dejar fuera de las becas autonómicas a los estudiantes de las universidades privadas.

La sentencia recoge la jurisprudencia sobre la materia, que obligó a la administración autonómica a rectificar su postura. El asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional, que consideró que la regulación de las ayudas de matrícula aprobada en 2016 introducía «una diferencia entre las universidades del sistema valenciano que carece de la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación normativa, por imperativo del artículo 14 de la Constitución, debe poseer para ser considerada legítima». También se alegó que esta disposición contravenía la regulación básica estatal, que no daba pie a fijar un trato distinto entre redes de enseñanza.

Respecto a la sentencia del TSJCV sobre los auxiliares de inglés, la sala alegó que dejar fuera a los concertados «carece de toda justificación» en arreglo a la Ley de Plurilingüismo aprobada por Les Corts, que prevé dotar de recursos a los centros para alcanzar los objetivos en cuanto al dominio de las lenguas oficiales y del inglés. También señaló que tampoco podía ampararse en la ley orgánica estatal para justificar la exclusión, defendiendo que el fin último del programa, independinetemente de la titularidad de la escuela, era «no sólo mejorar la formación y conocimientos (del alumnado) sino también facilitar su integración sociolaboral».

Sobre esta última cuestión, la conselleria ha optado por presentar un recurso de casación, por lo que la eficacia de la sentencia dependerá del pronunciamiento último del Supremo. Cabe pensar que se procederá de manera similar en relación a las ayudas de FP.

En el año 2016 la conselleria cambió las subvenciones, limitándolas a las alumnas de centros públicos

El tribunal cita varapalos previos como la exclusión de las universidades privadas en las becas autonómicas

«La Ley Celaá busca que sea más difícil elegir enseñanza concertada»

Las Provincias 29 May 2022 J. BATISTA

Alberto Villanueva Presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval)

«Nos faltará tiempo para aplicar los cambios previstos en ESO y Bachillerato. Y causa inquietud»

«La nueva ley de FP genera muchas oportunidades, pero necesitamos que se nos tenga en cuenta»

Alberto Villanueva dirige el colegio Trafalgar de Valencia y preside una de las dos patronales de centros concertados. Desconfía de los presupuestos «ideológicos» de la Ley Celaá (la Lomloe) y critica que esta enseñanza, para la conselleria, siempre vaya «un pasito por detrás». También se muestra preocupado por el futuro de las escuelas infantiles privadas ante la creciente competencia de la oferta pública. «Necesitamos un mapa de necesidades, por zonas y municipios, para evitar duplicidades», reclama. –¿Qué peticiones trasladarán a la consellera Tamarit? –Pudimos hablar en el acto de cambio de carteras y la primera impresión fue buena. Tiene un perfil continuista. Eso sí, nos gustaría que comprendiera que la red educativa es dual. Que la enseñanza concertada quiere los mismos derechos y recursos, las mismas oportunidades.

–¿En qué es más urgente avanzar en este aspecto?

–Están los auxiliares de conversación, que sólo llegan a los centros públicos pese a que lo hemos pedido infinidad de veces. Y también que se amplíe el alcance del nuevo modelo de orientación. ¿Por qué los colegios de Infantil y Primaria públicos ya cuentan con él y nosotros tenemos que esperar al curso 2022-2023? En este el cambio nos ha causado problemas. Por ejemplo, antes teníamos los recursos docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en septiembre, pues los pedíamos a los antiguos SPE y se nos concedía. Al desaparecer ha sido necesaria una nueva regulación que ha retrasado la llegada de este profesorado. La conselleria nos ha dicho que el curso que viene dispondremos de horas para tener orientadores que se incluirán en el concierto. Es necesario que se concrete. En resumen, para la conselleria los concertados siempre vamos un pasito por detrás. –Esta semana celebraron una jornada sobre los currículos y la organización derivada de la Lomloe. ¿Qué sensaciones trasladaron los centros?

–En Infantil y Primaria hay cambios, pero no son tan significativos. Aunque los decretos valencianos que los concretan lleguen más tarde el problema no será tan grave. En la ESO y Bachillerato es diferente. Hay cambios importantísimos de asignaturas con muchos más cambios, igual nos lo encontramos a finales del mes de julio.

–Los colegios públicos vuelven a copar la clasificación de los centros más demandados, según la conselleria, aunque en realidad se refiera a los que más difícil ha sido entrar. ¿No se supone que la concertada tiene una gran demanda social?

–No sé muy bien qué metodología se utiliza para hacer esas clasificaciones, la verdad. Sí sé, en base a nuestros datos, que los centros concertados siguen siendo muy demandados.

–¿Cómo cree que afectará la supresión del concepto de demanda social en la Lomloe como criterio a tener en cuenta a la hora de que una administración planifique la oferta de plazas?

–Me choca que un Gobierno que se considera social haga algo así. Sólo se explica por cuestiones ideológicas. Lo han quitado con la intención de que las familias tengan más difícil elegir enseñanza concertada. Así a un centro muy demandado se le puede quitar una línea y llenar otro menos demandado con esos alumnos. Lo que habría que hacer es ver por qué uno se solicita más que otro y actuar para solucionarlo.

–¿Les preocupa el desplome de la natalidad?

–Es una cuestión problemática, aunque se han tomado medidas acertadas, como la reducción de ratios en 1º Infantil en municipios con pocos nacimientos. Siempre lo hemos apoyado, pues ayuda, entre otras cosas, a no cerrar aulas en esos centros. La menor natalidad se está notando y de horas semanales, metodológicos, sobre la oferta de optativas… Tenemos que contratar profesores en función de las asignaturas. La inquietud que provoca saber que todo esto se nos viene encima y que tendremos que tenerlo cerrado para el 1 de septiembre es grande. Nos faltará tiempo. Hemos pedido que se posponga la implantación de los nuevos currículos un año y no se ha conseguido. Hasta la conselleria lo ha planteado al ministerio.

–¿Cómo afectará el cambio a los libros de texto? –Desde luego obligará a cambiar mucho los bancos de Xarxallibres. Las editoriales ya nos están trayendo modelos de prueba basados en los reales decretos del ministerio, porque estas normativas todavía no se han desarrollado a nivel autonómico. Por ejemplo, para Primaria se han hecho libros de Naturales y Sociales, que es algo que se permite, pero en la Comunitat existirá Conocimiento del Medio. También afectará a los proyectos lingüísticos. En nuestro centro Sociales la damos en inglés. Pero si Conocimiento del Medio tenemos que darla en valenciano, como siempre ha sucedido en años anteriores, me cambia el porcentaje en cada lengua. Todo esto lo tendremos que gestionar cuando salgan los decretos valencianos, no lo puedo planificar ahora. Nos lo encontraremos a finales de junio. Pero en Secundaria y Bachillerato, muchísimo en los centros de Infantil de cero a tres años, una preocupación que se suma a la creación de aulas de dos-tres años en colegios públicos. –¿Pese a que los centros privados también tendrán gratuidad en estas plazas el nuevo curso? –Es verdad que tendremos hasta 280 euros al mes por plaza,

«Se han tomado medidas acertadas ante la caída de la natalidad, como reducir las ratios»

«Los concertados jugamos con las mismas reglas y obligaciones que los centros públicos»

«Se están instalando aulas de dos años en zonas donde no hacen falta al estar la demanda cubierta»

pero hay que tener en cuenta que las escuelas infantiles están abonando pólizas de crédito para poder subsistir, sufren la caída de la natalidad y también las medidas que se aplican y los anuncios que se hacen. Cuando empezó el proyecto de crear aulas de dos años en colegios públicos la filosofía era hacerlo donde faltaba oferta, o para reflotarlos. Ahora ya no. Este año, con la llegada de la gratuidad para todos, se ha abierto la veda, instalando aulas en zonas donde no hacen falta. Esto genera incertidumbre. Muchas escuelas que podrían subsistir con el incentivo de la gratuidad corren riesgo de no tener matrícula suficiente por haberse abierto varias de estas unidades en su zona pese a que la demanda ya está cubierta, con centros públicos y privados. Luego está el plan del Gobierno para crear 6.800 plazas de cero a tres años en la Comunitat con fondos de Europa, creando una oferta que posiblemente no sea necesaria teniendo en cuenta los centros ya consolidados. Necesitamos un mapa real que evalúe las necesidades antes de destinar dinero para generar algo que ya existe. Igual que en la FP.

–¿En qué sentido?

–La nueva ley genera muchas oportunidades, pero necesitamos que nuestros centros, que han estado funcionando durante muchos años con inversión privada, sean tenidos en cuenta. Se han dado casos en que se generan títulos en la pública y a nosotros no se nos deja crecer pese a plantear grados con demanda o innovadores. Incluso se ha llegado a alegar que no salen adelante porque al curso siguiente lo va a implantar un centro público de la misma zona.

–¿Qué características definen, a su juicio, a un concertado?

–A veces la gente no lo tiene claro, pero es básico que se sepa que jugamos con las mismas reglas y obligaciones que los públicos. Creo que la enseñanza concertada testea muy bien la sociedad. Somos entidades privadas sostenidas parcialmente con fondos públicos con una elevada capacidad de adaptación a los cambios y que se dedican a prestar un servicio educativo de calidad. Creo que esta mayor agilidad de adaptación es una diferencia clara respecto a un centro público.

Del 7 al 9 de mayo de 2022 se celebró la XXII Sesión Nacional del #MEP22

17/05/2022 By wordpress@gruposorolla.es

En ella participaron un total de 72 alumnos y alumnas de toda España, clasificados en sus respectivas sesiones autonómicas. Con representación de alumnado de los centros escolares de Grupo Sorolla Educación

Un año más el alumnado de Grupo Sorolla Educación que se clasificó en la Sesión Autonómica pudo disfrutar de un fin de semana como europarlamentarios en Madrid junto con los delegados de otras comunidades y centros escolares. Donde además Ramón Rodríguez Magán, presidente de la cooperativa GSE, actuó como Presidente del Board MEP España y Coordinador de la Sesión autonómica del MEP de C. Valenciana y R. de Murcia.

Esta edición ha supuesto el retorno a la presencialidad, a los abrazos y a las palabras que inspiran y ponen los pelos de punta. Los delegados expusieron sus argumentos en torno a temas de gran interés e inminente actualidad, y además de debatir sobre el desafío de flujos migratorios o la desinformación como ataque a la democracia, han convivido y creado nuevas amistades que durarán muchos años.

Como cierre el acto de Clausura de la XXII Sesión Nacional del Modelo de Parlamento Europeo se realizó, durante el día de Europa, en El Congreso de los Diputados de Madrid como marco incomparable para la Asamblea General de los jóvenes europarlamentarios, con la presencia de Meritxel Batet y Ana Pastor, Presidenta y Vicepresidenta del Congreso de los Diputados y María Andrés, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Los mejores alumnos y alumnas de la XXII Asamblea Nacional del MEP serán designados para participar en las sesiones internacionales del modelo, que organiza la Model European Parliament Foundation en toda la Unión Europea.

Feceval se marca como objetivo de 2022 un mapa escolar «estable» para las escuelas de 0 a 3 años

VALÈNCIA (EP). El «sostenimiento» de las escuelas 0-3 años con un mapa escolar «estable» para estos centros es uno de los principales objetivos que se marca en su agenda de trabajo la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia Feceval-CECE.

La patronal de la escuela concertada ha celebrado su Asamblea General Ordinario y ha fijado entre sus ejes de actuación para 2022, además, la reforma laboral, la FP, el aumento del módulo de otros gastos, la ampliación de plantillas, en especial el orientador en primaria, y la mejora en la orden del pago delegado.

La asamblea, desarrollada en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències de Valencia, contó con la asistencia e intervención del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, Miguel Soler.

En el saludo de bienvenida a los asambleístas, el presidente de Feceval-CECE, Alberto Villanueva, puso en valor el trabajo desarrollado en los últimos meses en el comité ejecutivo de Madrid de CECE, informa la entidad en un comunicado.

En clave autonómica, realizó un análisis sobre el contenido de la nueva ley de FP recientemente aprobada y anunció la celebración del congreso nacional CECE 2022, que tendrá como sede la ciudad de Alicante.

Para Villanueva, tras valorar el trabajo que ha desarrollado Feceval en el último ejercicio, «lo esencial cara al futuro será mantener una organización fuerte, con presencia en todos los foros de decisión en el ámbito local y nacional y así mismo propiciar un diálogo abierto con sindicatos, patronales, entidades afines y administraciones públicas con el propósito de continuar dando el mejor servicios a los centros educativos que confían desde hace más de cuatro décadas en esta patronal».

Asimismo, en la asamblea se llevó a cabo la aprobación de presupuestos y cuentas por parte de los representantes de los centros federados.

Feceval-CECE se toma un café con la educación para hablar de la nueva ley de FP

FOTOGALERÍA COMPLETA en @levante_emv
Enlace: https://bit.ly/3JhCVn7

LEVANTE-EMV: Tomar un café hablando de educación es la propuesta que hace la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval-CECE). La patronal de la escuela concertada ha retomado sus encuentros matinales, titulados «Un café amb l’educació», en esta ocasión para hablar de FP: de la nueva ley que ultima el Gobierno y de cómo se implantará esta en la Comunitat Valenciana.

«La FP se modernizará con la nueva ley pero debemos concienciar a las empresas»

Santiago García, representante estatal de la enseñanza concertada, anima a hacer corresponsable al tejido empresarial con la formación del alumnado

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/03/10/fp-modernizara-nueva-ley-debemos-63658820.html

LEVANTE-EMV: Tomar un café hablando de educación es la propuesta que hace la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval-CECE). La patronal de la escuela concertada ha retomado sus encuentros matinales, titulados «Un café amb l’educació», en esta ocasión para hablar de FP: de la nueva ley que ultima el Gobierno y de cómo se implantará esta en la Comunitat Valenciana.

Ayer, cerca de 150 personas del ámbito de la enseñanza se juntaron en las Escuelas Profesionales Luis Amigó de Godella, para escuchar a Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE); y Manuel Gomicia, director general de FP de la Conselleria de Educación.

García compareció el año pasado en el Congreso, en la comisión de Educación y FP en calidad de experto, para hablar de la nueva ley. Además, ha participado en los grupos de trabajo de la Alianza para la FP Dual, y también en foros e instituciones europeos sobre esta cuestión, tras ser durante 27 años profesor de Electrónica, Informática y Orientación laboral, y dirigir un centro durante más de tres lustros.

Según explica en declaraciones a Levante-EMV, la futura ley de FP debe «darle una vuelta importante» al actual sistema. Considera que es una norma «necesaria, que va a contribuir a modernizar y mejorar el sistema de Formación Profesional», en lo que la internacionalización y una mayor implicación de las empresas serán dos de las claves para su éxito.

«La ambición de convertir a toda la FP en Dual requerirá una gran labor de concienciación al tejido empresarial. Hay que ser conscientes de su realidad y hacerles copartícipes y corresponsables de la formación, lo que supone un cambio de mentalidad importante», avanza García.

Consciente de que, posiblemente, la coyuntura económica no acompañe, el presidente de CECE no vería mal que se incluyera algún «sistema de incentivos del tipo que sea (fiscales, o de la Seguridad Social…) para que las empresas se sumen al modelo que las convertirá en entidades formadoras» de alumnado de FP. Y es que, en la modalidad Dual —que actualmente solo cursa el 4 % del alumnado y que la futura ley del Gobierno generalizará— los centros educativos comparten con las empresas la formación de los estudiantes, mucho más allá que con las actuales prácticas (FCT).

«Habrá que ayudar a las empresas a gestionar la burocracia y convencerlas de que participar en la formación es una manera de inversión, que contribuye al desarrollo de la mano de obra cualificada que van a requerir», apunta. Y es que, «con una mayor implicación formativa de la empresa se podrán adecuar mejor sus necesidades de cualificación».

Asimismo, tampoco se debe olvidar que el desarrollo de la nueva ley conllevará también un «cambio en la forma de trabajar de los centros educativos, que deberán hacer itinerarios más personalizados para el alumnado». Eso sí, a pesar de todos estos inminentes cambios, Santiago García aclara que la FP española tiene un buen nivel y cuenta con buena reputación, «sobre todo los grados superiores». «Aunque es verdad que hay ciertos desajustes, no es que ahora no responda, nuestra formación es muy valorada en Europa», asegura.

Mayor consenso

En cuanto a la internacionalización, además del Erasmus, que puede hacerse desde hace 15 años, recuerda, la ley prevé potenciar las estancias en otros países, la oferta plurilingüe —ya iniciada en algunos centros—, y los dobles grados internacionales, con calificaciones reconocidas en más de un país (teniendo en cuenta que en FP no hay Plan Bolonia como en las universidades). Respecto a este último punto, precisa que eso a día de hoy es «muy complicado, pues se requieren negociaciones bilaterales con los países», no se obtiene de forma automática.

García reconoce que la FP «tiene menos campo para un debate de tipo ideológico, porque es una enseñanza eminentemente práctica». Por eso, el borrador de la futura ley de FP goza de un consenso mayor que la ya aprobada Lomloe o Ley Celáa. El único punto que podría preocupar a la enseñanza concertada y que aún está por concretar es si el Gobierno finalmente incluye alguna medida para beneficiar a los ciclos de la red de la pública, lo que no estaba inicialmente.

Alberto Villanueva, presidente de Feceval, —que presidió en el acto, junto a Mariola Hernández, gerente— afirma a este periódico que, tras un parón de cerca de un año por la pandemia, «las circunstancias ahora permiten retomar los desayunos, aunque con aforo reducido, pues preferimos apostar por este formato que hacerlo online».