Santiago García, representante estatal de la enseñanza concertada, anima a hacer corresponsable al tejido empresarial con la formación del alumnado
LEVANTE-EMV: Tomar un café hablando de educación es la propuesta que hace la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval-CECE). La patronal de la escuela concertada ha retomado sus encuentros matinales, titulados «Un café amb l’educació», en esta ocasión para hablar de FP: de la nueva ley que ultima el Gobierno y de cómo se implantará esta en la Comunitat Valenciana.
Ayer, cerca de 150 personas del ámbito de la enseñanza se juntaron en las Escuelas Profesionales Luis Amigó de Godella, para escuchar a Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE); y Manuel Gomicia, director general de FP de la Conselleria de Educación.
García compareció el año pasado en el Congreso, en la comisión de Educación y FP en calidad de experto, para hablar de la nueva ley. Además, ha participado en los grupos de trabajo de la Alianza para la FP Dual, y también en foros e instituciones europeos sobre esta cuestión, tras ser durante 27 años profesor de Electrónica, Informática y Orientación laboral, y dirigir un centro durante más de tres lustros.
Según explica en declaraciones a Levante-EMV, la futura ley de FP debe «darle una vuelta importante» al actual sistema. Considera que es una norma «necesaria, que va a contribuir a modernizar y mejorar el sistema de Formación Profesional», en lo que la internacionalización y una mayor implicación de las empresas serán dos de las claves para su éxito.
«La ambición de convertir a toda la FP en Dual requerirá una gran labor de concienciación al tejido empresarial. Hay que ser conscientes de su realidad y hacerles copartícipes y corresponsables de la formación, lo que supone un cambio de mentalidad importante», avanza García.
Consciente de que, posiblemente, la coyuntura económica no acompañe, el presidente de CECE no vería mal que se incluyera algún «sistema de incentivos del tipo que sea (fiscales, o de la Seguridad Social…) para que las empresas se sumen al modelo que las convertirá en entidades formadoras» de alumnado de FP. Y es que, en la modalidad Dual —que actualmente solo cursa el 4 % del alumnado y que la futura ley del Gobierno generalizará— los centros educativos comparten con las empresas la formación de los estudiantes, mucho más allá que con las actuales prácticas (FCT).
«Habrá que ayudar a las empresas a gestionar la burocracia y convencerlas de que participar en la formación es una manera de inversión, que contribuye al desarrollo de la mano de obra cualificada que van a requerir», apunta. Y es que, «con una mayor implicación formativa de la empresa se podrán adecuar mejor sus necesidades de cualificación».
Asimismo, tampoco se debe olvidar que el desarrollo de la nueva ley conllevará también un «cambio en la forma de trabajar de los centros educativos, que deberán hacer itinerarios más personalizados para el alumnado». Eso sí, a pesar de todos estos inminentes cambios, Santiago García aclara que la FP española tiene un buen nivel y cuenta con buena reputación, «sobre todo los grados superiores». «Aunque es verdad que hay ciertos desajustes, no es que ahora no responda, nuestra formación es muy valorada en Europa», asegura.
Mayor consenso
En cuanto a la internacionalización, además del Erasmus, que puede hacerse desde hace 15 años, recuerda, la ley prevé potenciar las estancias en otros países, la oferta plurilingüe —ya iniciada en algunos centros—, y los dobles grados internacionales, con calificaciones reconocidas en más de un país (teniendo en cuenta que en FP no hay Plan Bolonia como en las universidades). Respecto a este último punto, precisa que eso a día de hoy es «muy complicado, pues se requieren negociaciones bilaterales con los países», no se obtiene de forma automática.
García reconoce que la FP «tiene menos campo para un debate de tipo ideológico, porque es una enseñanza eminentemente práctica». Por eso, el borrador de la futura ley de FP goza de un consenso mayor que la ya aprobada Lomloe o Ley Celáa. El único punto que podría preocupar a la enseñanza concertada y que aún está por concretar es si el Gobierno finalmente incluye alguna medida para beneficiar a los ciclos de la red de la pública, lo que no estaba inicialmente.
Alberto Villanueva, presidente de Feceval, —que presidió en el acto, junto a Mariola Hernández, gerente— afirma a este periódico que, tras un parón de cerca de un año por la pandemia, «las circunstancias ahora permiten retomar los desayunos, aunque con aforo reducido, pues preferimos apostar por este formato que hacerlo online».
